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Terror//Insurgência

 

STRUMENTOS: Lucha al Terrorismo en D Penal Europeo

Por Vincenzo Musacchio

*O professor Vincenzo Musacchio é titular da cadeira de Diritto Penale Commerciale- Facoltà di Economia dell´´ Università degli studi del Molise.

O seu c.vitae está no site www.vincenzo.musacchio.too.iy

Sumario: 1.- Introdution.- 2.- Lucha contra el terrorismo.- 3.- Oficina europea de policía.- 4.- Eurojust.- 5.- Orden de detención europea.- 6.- Asistencia judicial en materia penal entre Estados miembros.- 7.- Conclusiones.

1.- Introdution

El Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001 definió el terrorismo como uno de los principales retos mundiales y definió la lucha contra el terrorismo como uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea.

La presente Posición común se propone poner en práctica medidas suplementarias en aplicación de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En particular, establece una lista de personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo a los cuales es necesario aplicar la medida del embargo preventivo de fondos y otros haberes financieros en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo.

Definiciones:

Las «personas, grupos y entidades implicadas en actos de terrorismo» designan a aquellos de quienes se ha probado, sobre la base de información precisa, que cometieron, intentan cometer o facilitan la preparación de actos terroristas.

Los «actos terroristas» se definen como actos intencionados que pueden dañar seriamente a un país u organización internacional intimidando a su población, imponiendo toda clase de dificultades, desestabilizando o destruyendo sus estructuras fundamentales, constitucionales, sociales y económicas.

En esta lista se incluyen los siguientes actos:atentado contra la vida de una persona o integridad física; secuestro y toma de rehenes; destrucción masiva de una instalación pública o privada, incluido el sistema informático; captura de los medios de transporte colectivo (aeronaves o buques); fabricación, posesión, adquisición, transporte y utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas o químicas; liberación en el aire de sustancias peligrosas, provocación de inundación, explosión o incendios; perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental; dirección de un grupo terrorista o participación en estas actividades, incluido en forma de financiación o suministro de medios logísticos. La simple amenaza de cometer uno de estos delitos debe juzgarse como un acto terrorista.

La Posición común define también al grupo terrorista como una asociación estructurada de personas que actúan de manera concertada con el fin de cometer actos terroristas, independientemente de su composición y el nivel de elaboración en su estructura.

Lista de personas y entidades contempladas: La lista que figura en el Anexo de la Posición común se realiza sobre la base de las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, judiciales o policiales de los Estados miembros, y podrá completarse y ser revisada semestralmente para su actualización. La lista contiene los nombres de entidades como ETA (País Vasco y Libertad), IRA (Ejército republicano irlandés), GRAPO (Grupo de resistencia antifascista 1º de octubre), la rama terrorista del Hamas, la Yihad islámica palestina y otros grupos revolucionarios activistas, así como los nombres de las personas que forman parte de los mismos.

El nombre de Oussama ben Laden y las personas y entidades asociadas a éste no han sido incluidos en esta lista, dado que ya lo eran en la Posición común del Consejo, de 26 febrero 2001, referida a medidas restrictivas suplementarias contra los Talibanes y por la que se modificaba la Posición común 96/746/ PESC.

Medidas que deben adoptar los Estados miembros y la Comunidad: Se prevé que la Comunidad Europea, actuando dentro de los límites de sus poderes y competencias, pida el embargo de los fondos y otros haberes financieros de las personas y entidades incluidas en la lista y vele por que no se pongan a su disposición.Los Estados miembros deberán prestarse mutuamente asistencia, por medio de una cooperación policial y judicial conveniente, para combatir y prevenir los actos de terrorismo.

Con el fin de investigar las personas y las entidades que figuraran en la lista, podrán utilizar plenamente los poderes que les son conferidos por los actos de la Unión y por todos los demás acuerdos bilaterales o internacionales.

Los nombres que figuran en la lista serán objeto de una revisión periódica al menos una vez cada seis meses. Al igual que el Reglamento 2580/2001/CE, que aplica las medidas que están incluidas en la Posición común 2001/931/ PESC, la Posición común 2001/930/ PESC del Consejo, de 27/12/2001, relativa a la lucha contra el terrorismo, se propone embargar los fondos y otros haberes financieros y recursos económicos de las personas o entidades que facilitan, intentan cometer o cometen actos terroristas en el territorio de los Estados miembros.

2.- Lucha contra el terrorismo.

El problema de los actos terroristas ya se mencionó con motivo del Consejo Europeo de Tampere en 1999 y del Consejo Europeo de Feira en junio del 2000. El terrorismo representa una grave y seria violación de las libertades fundamentales, de los derechos humanos y de los principios de libertad y democracia, ante la cual los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia.

Las disposiciones relativas al terrorismo están presentes en varios actos legislativos adoptados por los Estados miembros durante pasados años tales como: Convenio Europol , tras las modificaciones introducidas por la decisión del Consejo del 3 de diciembre de 1998; Acción común 96/610/JAI relativa a la creación de un repertorio de conocimientos sobre la lucha contra el terrorismo; Acción común 98/428/JAI relativa a la creación de una red judicial europea ; Acción común 98/733/JAI relativa a la represión por participación en organizaciones criminales; Recomendación del Consejo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo .

La Decisión marco será aplicable a todo acto terrorista cometido: de forma intencionada; que pueda atentar contra una organización internacional o un país.

Estos actos deber ser cometidos con el fin de amenazar a la población y destruir o afectar seriamente a las estructuras políticas, económicas o sociales del país (asesinato, daños corporales, toma de rehenes, chantaje, fabricación de armas, atentados, amenaza de cometer tales actos, etc) cometidos por uno o más individuos y contra uno o más países.

La Decisión marco define a un grupo terrorista como una asociación estructurada de más de dos personas que actúa de manera concertada. Además serán punibles la incitación, la ayuda, la complicidad y las tentativas para cometer un acto terrorista.

Con el fin de castigar los actos terroristas los Estados miembros deberán prever en su legislación nacional: sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasivas que pueden conllevar la extradición; las circunstancias agravantes y atenuantes (colaboración con las autoridades judiciales y policiales; identificación de pruebas y de otros participantes en los actos delictivos).

Además se aplicarán sanciones contra las personas jurídicas cuando se compruebe que la persona física tiene el poder de representación de la persona jurídica o la autoridad para efectuar un control de la misma.

Los Estados miembros se comprometen a adoptar medidas para: establecer su competencia en relación con los actos terroristas; establecer su competencia si se niegan a extraditar a sus propios nacionales; coordinar sus acciones y fijar las competencias con objeto de centralizar las gestiones cuando varios Estados miembros sean responsables. Además garantizarán una ayuda adecuada a la víctima del delito y a su familia (además de las medidas ñya previstas en la Decisión-marco JAI/220/2001).

Los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la Decisión-marco. Deberán comunicar a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión las medidas antedichas para que la Comisión pueda presentar un informe al Consejo y al Parlamento a más tardar el 31 de diciembre del 2003. El Consejo verificará que los Estados miembros han adoptado todas las medidas necesarias para adaptarse a la Decisión marco.

3.- Oficina europea de policía.

La creación de una Oficina europea de policía denominada "Europol" es establecida en los Países Bajos, La Haya. La misión de dicha oficina es mejorar la eficacia de los servicios competentes de los Estados miembros y su cooperación en ámbitos cada vez más numerosos: la prevención y la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes, el tráfico de seres humanos, las redes de inmigración clandestina, el tráfico ilícito de materias radioactivas y nucleares, el tráfico ilícito de vehículos, la lucha contra la falsificación del euro, el blanqueo de dinero vinculado a las actividades delictivas internacionales.

Europol ejerce como prioridad las siguientes funciones: facilitar el intercambio de informaciones entre los Estados miembros, recabar y analizar las distintas informaciones, comunicar a los servicios competentes de los Estados miembros las informaciones que les afecten e informarles inmediatamente de los vínculos detectados entre hechos delictivos, facilitar las investigaciones en los Estados miembros, gestionar recopilaciones informatizadas de información.

Cada Estado miembro creará o designará una unidad nacional, encargada de ejercer las funciones anteriormente enumeradas, que será el único órgano de contacto entre Europol y los servicios nacionales competentes. Dicha unidad enviará a Europol al menos a un agente de contacto, encargado de representar sus intereses en el seno de Europol.

Con el fin de cumplir sus funciones, Europol gestionará un sistema de información informatizado. Directamente alimentado por los Estados miembros, el sistema de información será directamente accesible, mediante consulta, a las unidades nacionales, a los agentes de contacto, al director y a los directores adjuntos, así como a los agentes de Europol debidamente habilitados.

Además de los datos de carácter no personal, también podrán figurar en dicho sistema de información datos de carácter personal. Todo fichero automatizado de datos de carácter personal deberá ser objeto, por parte de Europol, de una orden de creación sujeta a la aprobación del Consejo de Administración. Los datos de carácter personal extraídos del sistema de información sólo podrán ser transmitidos o utilizados por los servicios competentes de los Estados miembros para prevenir y luchar contra la delincuencia que incumbe a Europol, y contra las demás formas graves de delincuencia.

Todo aquel que desee acceder a los datos que le conciernan, almacenados en Europol, podrá formular gratuitamente una solicitud en cualquier Estado miembro de su elección a la autoridad nacional competente, que seguidamente se dirigirá a Europol e informará al solicitante de que Europol le responderá directamente.

Toda persona tiene derecho a solicitar a Europol que rectifique o suprima los datos erróneos que le conciernan. Una autoridad de control común independiente estará encargada de supervisar la actividad de Europol con el fin de garantizar que el almacenamiento, el tratamiento y la utilización de los datos de que disponen los servicios de Europol no perjudiquen a los derechos de las personas.

Los órganos de Europol serán: El Consejo de Administración, compuesto por un representante de cada Estado miembro. La Presidencia del Consejo de Administración será ocupada por el representante del Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo. El director, nombrado por el Consejo, para un período de cuatro años, renovable una vez. El director y los directores adjuntos podrán ser cesados tras dictamen del Consejo de Administración. El interventor, nombrado por unanimidad por el Consejo de Administración y responsable ante éste. El comité presupuestario, integrado por un representante de cada Estado miembro.

El presupuesto estará financiado por las contribuciones de los Estados miembros y por otros ingresos ocasionales. Las cuentas relativas a todos los ingresos y gastos inscritos en el presupuesto, así como el balance del activo y el pasivo de Europol, serán objeto de una auditoría anual. La auditoría de las cuentas será efectuada por un comité de control, integrado por tres miembros designados por el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.

Todo Estado miembro será responsable de los perjuicios ocasionados a una persona a causa de datos que adolezcan de errores de hecho o de derecho, almacenados o tratados en Europol. La víctima sólo podrá ejercitar la acción de indemnización por daños y perjuicios contra el Estado miembro donde se haya producido el hecho dañoso. Tras la entrada en vigor del Convenio, se adoptaron una serie de medidas para permitir la instauración de la Oficina Europea de Policía.

Dichas medidas se refieren a los derechos y obligaciones de los funcionarios de enlace, a las normas de aplicación para los ficheros, al reglamento interno de la autoridad de control común, al estatuto del personal, a la normativa en materia de protección del secreto, al reglamento financiero, al acuerdo de sede, al protocolo sobre los privilegios e inmunidades y a los acuerdos sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios de enlace.

Así, Europol pudo iniciar sus actividades el 1 de julio de 1999, fecha en la que sustituyó a la unidad de Drogas Europol ( UDE ), creada provisionalmente en 1995.

4.- Eurojust.

Con el fin de intensificar la cooperación en la lucha contra la delincuencia, el Consejo Europeo de Tampere decidió (en el punto nº 46 de las Conclusiones) crear una Unidad, denominada Eurojust, con el objetivo de coordinar las actividades realizadas por las autoridades nacionales encargadas de las actuaciones judiciales.

A este respecto, se presentaron varios documentos durante el año 2000: una iniciativa de la República Federal de Alemania; una iniciativa de la República portuguesa, la República Francesa, el Reino de Suecia y el Reino de Bélgica; una Comunicación de la Comisión destinada a clarificar la posición de la Comisión en relación con la creación de Eurojust.

A continuación, durante la Conferencia intergubernamental que se celebró en Niza en diciembre de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron modificar el artículo 31 del Tratado UE introduciendo la mención y la descripción de las tareas de Eurojust. Más recientemente, en el Consejo Europeo de Laeken, en diciembre de 2001, los Estados miembros decidieron (en el punto nº 57 de las Conclusiones del Consejo) que, a la espera de una decisión sobre el lugar en el que se situaría la sede de algunas agencias, Eurojust tendrá su sede provisional en La Haya.

Composición, competencias y tareas de Eurojust Por la presente Decisión, Eurojust se constituye como órgano de la Unión dotado con personalidad jurídica propia. Cada Estado miembro debe nombrar a un miembro nacional de Eurojust que tendrá la calidad de fiscal, juez o policía (este último debe tener competencias equivalentes a las de juez o fiscal). Los miembros nacionales antes mencionados estarán sometidos al Derecho nacional del Estado miembro que los nombró. Además, cada Estado miembro fijará la duración del mandato así como la naturaleza de los poderes judiciales conferidos a su representante nacional.

Eurojust es competente por lo que se refiere a las investigaciones y las actuaciones (en relación con al menos dos Estados miembros) relativas a las formas graves de delincuencia para:

promover la coordinación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros; facilitar la aplicación de la cooperación judicial internacional y la ejecución de las solicitudes de extradición. Entre otras cosas, la competencia de Eurojust cubre los tipos de delincuencia y las infracciones de los que es competente Europol (por ej.: terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes, trata de seres humanos, falsificación de monedas, blanqueo de dinero), la ciberdelincuencia, el fraude y la corrupción, el blanqueo de los productos del crimen, la participación en una organización criminal .

Eurojust puede realizar sus tareas por medio de uno o varios miembros nacionales o mediante un órgano colegiado. Eurojust puede solicitar a las autoridades de los Estados miembros interesados: emprender una investigación o actuaciones judiciales; crear un equipo conjunto de investigación.

La Comisión, colaborando estrechamente en los trabajos de Eurojust, acordará con éste las modalidades prácticas de la colaboración.

Cada Estado miembro podrá nombrar a uno o más corresponsales nacionales (a la luz de las prioridades en materia de lucha contra el terrorismo), que podrían constituir un punto de contacto de la red judicial europea.

Para la realización de sus objetivos, Eurojust debe poder intercambiar la información pertinente con las autoridades competentes. A este respecto, debe garantizarse la aplicación de los principios del Convenio del Consejo de Europa de 1981 sobre la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Eurojust puede solamente tratar los datos relativos a las personas que son objeto de una investigación, las víctimas y los testigos. Los tipos de datos que pueden utilizarse se refieren, entre otras cosas, a la identidad de la persona (nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, residencia, profesión, etc.) y la naturaleza de los hechos de los que se les acusa (calificación penal, fecha y lugar de los hechos, tipo de investigación, etc.). Los datos antes mencionados sólo serán accesibles a los miembros nacionales, sus colaboradores y el personal autorizado de Eurojust.

Conviene destacar a este respecto que la obligación de confidencialidad se mantiene una vez concluida su tarea. En Eurojust se designará a un miembro del personal para la tarea específica de la protección de datos. Se encargará, entre otros cometidos, del tratamiento legal, la conservación de una prueba escrita de la transmisión así como de la recepción de los datos.

De manera general, toda persona puede consultar los datos personales que la conciernen y pedir la rectificación o su eliminación si los datos son erróneos o incompletos. La persona que considera haber sufrido un perjuicio debido a un tratamiento de datos incorrecto tiene el derecho a presentar una denuncia. Eurojust es responsable de acuerdo con el Derecho nacional del Estado miembro donde tiene su sede, y los Estados miembros son responsables en virtud de sus respectivos derechos nacionales. En la presente Decisión se establecen algunos límites para la consulta dado el tipo de actividades de Eurojust (por ejemplo, con el fin de evitar obstaculizar una investigación).

Los datos sólo se conservan durante el período estrictamente necesario para la conclusión de la actividad de Eurojust. En cualquier caso, está prevista una revisión periódica cada tres años.

Eurojust y los Estados miembros protegerán los datos contra la destrucción, la pérdida, la revelación, la modificación y el acceso no autorizado.

Un órgano independiente controlará la actividad de Eurojust con el fin de garantizar que los datos de carácter personal se tratan de acuerdo con lo previsto en la Decisión. El órgano de control común se reúne periódicamente y cada vez que es convocado por su Presidente. Éste es designado por el Estado miembro que ejerce la Presidencia de la Unión.

Con el fin de realizar sus tareas, Eurojust mantiene relaciones privilegiadas con la Red judicial europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ( OLAF ) y el juez de enlace de los Estados miembros. Además, Eurojust podrá celebrar acuerdos de cooperación con Estados terceros y con las organizaciones u organismos internacionales por medio del Consejo, acuerdos en los que estará previsto el intercambio de información o el traslado de funcionarios.

La presente Decisión establece disposiciones relativas a la organización y al funcionamiento de Eurojust (organización de la secretaría, nombramiento del director administrativo y duración de su mandato, estatuto del personal, régimen lingüístico, etc.).

El Consejo y el Parlamento Europeo serán informados periódicamente de las actividades realizadas por Eurojust y del estado de la delincuencia en la Unión. En el informe anual dirigido al Consejo, Eurojust puede formular, por medio de su Presidente, propuestas destinadas a mejorar la cooperación judicial en materia penal. Hasta el nombramiento definitivo de los miembros nacionales de Eurojust, los miembros nacionales de la Unidad provisional de cooperación judicial ejercerán las funciones de miembro nacional de Eurojust durante dos meses.

Se han previsto algunas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad de las actividades entre la unidad provisional y Eurojust. La unidad provisional dejará de existir el día de la publicación en el Diario Oficial de la presente Decisión.

5.- Orden de detención europea.

La Decisión define la «orden de detención europea» como cualquier decisión judicial adoptada por un Estado miembro para la detención o la entrega por otro Estado miembro de una persona a efectos de: el ejercicio de actuaciones penales; la ejecución de una pena; la ejecución de una medida policial de privación de libertad.

La orden será aplicable en los casos de: una condena definitiva a una pena de cárcel o medida policial que tenga, al menos, una duración de 4 meses; una infracción para la cual una pena de encarcelamiento o medida policial superior a un año esté prevista.

A condición de que estén penadas en el Estado miembro de emisión por una pena de un máximo de al menos tres años, las infracciones que puedan dar lugar a entrega sin control de la doble incriminación de hecho son, entre otras: terrorismo, trata de seres humanos, corrupción, participación en una organización criminal, falsificación de moneda, homicidio, racismo y xenofobia, violación, tráfico de vehículos robados y fraude (incluyendo el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Unión).

Para actos delictivos distintos de los citados, la entrega podrá subordinarse a la condición de que el hecho por le cual se pide la entrega constituya una infracción en aplicación del derecho del Estado miembro de ejecución (regla de la doble incriminación).

Los Estados miembros designarán a las autoridades judiciales competentes de emisión y ejecución en la materia e informarán a la Secretaría General del Consejo. Además, podrán designar a las autoridades centrales encargadas de prestar asistencia a las autoridades judiciales (apoyo administrativo, gestión de traducciones, etc).

La orden de detención europea deberá contener toda una serie de información relativa la identidad de la persona, la autoridad judicial de emisión, el juicio definitivo, la naturaleza de la infracción, la pena, etc (un ejemplo del formulario se adjunta a la Decisión).

Procedimientos: Generalmente la autoridad de emisión comunicará la orden de detención europea directamente a la autoridad judicial de ejecución. La colaboración con el sistema de información de Schengen (SIS) y con Interpol está prevista. Si la autoridad del Estado miembro de ejecución no es conocida, la red judicial europea prestará su asistencia al Estado miembro de emisión.

Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas coercitivas necesarias y proporcionadas contra una persona buscada. Cuando la persona buscada sea detenida, tendrá derecho a ser informada del contenido de la orden así como de contar con la asistencia de un abogado y un intérprete. En cualquier caso, la autoridad de ejecución tendrá derecho a decidir mantener a la persona en detención o a ponerla en libertad pero bajo determinadas condiciones.

En cualquier caso, la autoridad de ejecución tiene derecho a decidir mantener a la persona en detención o liberarla si se cumplen determinadas condiciones.A la espera de una decisión, la autoridad de ejecución (con arreglo a las disposiciones nacionales) procederá a oír a la persona afectada. A más tardar en los 60 días siguientes a la detención, la autoridad judicial de ejecución debe tomar una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea. Posteriormente lo notificará inmediatamente a la autoridad de emisión.No obstante, cuando la información comunicada sea insuficiente, la autoridad de ejecución podrá pedir a la autoridad de emisión información complementaria.

Todo período de detención relativo a la orden de detención europea deberá deducirse de la duración total de la privación de libertad eventualmente infligida. La persona interesada deberá expresar su consentimiento a la entrega, de forma irrevocable y habiendo sido plenamente informada. En este caso concreto la autoridad judicial de ejecución debe adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución del mandato en un plazo de 10 días tras el consentimiento.

Cada Estado miembro sigue siendo libre para establecer que, bajo determinadas condiciones, el consentimiento sea revocable. Al respecto, debe añadir una declaración al acto de adopción de la presente Decisión indicando las modalidades prácticas que permitan la revocación del consentimiento.

Motivos de denegación de la ejecución y la entrega: Un Estado miembro podrá no dar ejecución a la orden europea de detención si: ya se pronunció una sentencia definitiva para la misma infracción y la misma persona (principio ne bis in idem); la infracción está cubierta por una amnistía en el Estado miembro de ejecución; la persona interesada no puede ser considerada responsable por el Estado miembro de ejecución debido a su edad. En caso de que existan otras condiciones (prescripción de la acción penal o de la pena en aplicación de las disposiciones del Estado miembro de ejecución, sentencia definitiva por un mismo hecho emitida por un país tercero, etc) el Estado miembro de ejecución puede rechazar dar ejecución a la orden.

En cualquier caso, el rechazo debe estar motivado.La Decisión prevé también la posibilidad de utilizar y devolver determinados objetos tales como pruebas u objetos obtenidos mediante la infracción.Previa presentación de determinados documentos (orden de detención, naturaleza de la infracción, identidad de la persona, etc), todo Estado miembro permitirá el tránsito en su territorio de una persona que sea objeto de una entrega.

La orden será traducida en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución, por cualquier medio que permita conservar una prueba escrita y que permita verificar la autenticidad por el Estado miembro de ejecución.

Disposiciones prácticas, generales y finales : A partir del 1 de enero del 2004 las solicitudes de extradición recibidas por los Estados miembros se tratarán con arreglo a las medidas nacionales adoptadas en ejecución de la presente Decisión. Sin embargo los Estados pueden declarar que en tanto que Estados miembro de ejecución continuarán aplicando las disposiciones vigentes antes del 1 de enero de 2004 a las solicitudes relativas a hechos cometidos antes de una fecha que deberán indicar.

6.- Asistencia judicial en materia penal entre Estados miembros.

Fomentar y actualizar la ayuda mutua entre autoridades judiciales, policiales y aduaneras completando y facilitando la aplicación del Convenio de 1959 del Consejo de Europa sobre ayuda mutua en materia penal y de su protocolo de 1978, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1990 y del Tratado Benelux de 1962.

Esta ayuda judicial respeta los principios fundamentales de cada Estado miembro, incluido el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos de 1951.

Solicitudes de ayuda mutua:

El convenio prevé los casos en los que se concederá ayuda judicial mutua. El Estado miembro requerido deberá respetar los trámites y procedimientos indicados por el Estado miembro demandante.

Si, por ejemplo, no puede respetar los plazos establecidos, el Estado requerido informará al Estado solicitante cuanto antes y ambos intentarán ponerse de acuerdo sobre lo que debe hacerse con la petición previa.

Acerca de los documentos del procedimiento, cada Estado miembro enviará directamente por correo, a las personas que se encuentran en el territorio de otro Estado miembro, los documentos que les conciernen, pero en algunos casos el Estado requerido se encargará de este envío. Si ello es necesario para que el destinatario los comprenda, los documentos transmitidos, o al menos sus principales partes, deben ser traducidos. Una nota acompañará a todo documento relativo al procedimiento e indicará el lugar en que el destinatario puede obtener información sobre sus derechos y obligaciones.

Por regla general, las solicitudes de asistencia mutua y las comunicaciones serán transmitidas y ejecutadas directamente por las autoridades judiciales territorialmente competentes. No obstante, es posible que ciertos casos particulares pasen por una autoridad central de un Estado miembro. En algunos casos el paso por las autoridades centrales es incluso obligatorio (solicitudes de traslado temporal o tránsito de presos, transmisión de condenas).

En caso de urgencia, la solicitud podrá presentarse por medio de la Interpol o de cualquier otra organización competente, según las disposiciones introducidas por el Tratado de la UE.

La autoridad judicial o una autoridad central podrán establecer contactos directos con una autoridad policial o aduanera de otro Estado miembro o, en el caso de solicitudes de ayuda mutua relativas a actuaciones judiciales, con una autoridad administrativa de otro Estado miembro.

Cada Estado miembro podrá rechazar esta cláusula o aplicarla bajo algunas condiciones. Entre Estados miembros podrá tener lugar un intercambio espontáneo de información (es decir, sin demanda previa) sobre hechos penalmente sancionables y sobre infracciones administrativas con respecto a los cuales la sanción o el tratamiento sean competencia de la autoridad destinataria.

Formas particulares de ayuda mutua: Los objetos robados encontrados en otro Estado miembro se pondrán a disposición del Estado que así lo solicite para la restitución a su propietario. En algunos casos, el Estado requerido podrá no devolver el objeto si ello puede favorecer la restitución a su propietario. Una persona detenida en el territorio de un Estado miembro que pida una medida de instrucción, podrá ser trasladada temporalmente al territorio del Estado miembro donde la instrucción tiene lugar, previo acuerdo de las autoridades competentes. Si ello es requerido por uno de los Estados miembros, el consentimiento de la persona interesada será una condición necesaria para su traslado. Un testigo o perito de un Estado miembro podrá ser oído por las autoridades judiciales de otro Estado miembro por videoconferencia si ello no contraviene a los principios fundamentales del Estado requerido y si todas las partes implicadas están de acuerdo.

Las conducciones supervisadas de detenidos se autorizan en el territorio de otro Estado miembro en el marco de investigaciones penales relativas a infracciones susceptibles de dar lugar a extradición. Se desarrollarán bajo la dirección y el control del Estado miembro requerido.

Dos o varios Estados miembros podrán crear un equipo común de investigación, cuya composición se define por común acuerdo de los Estados miembros afectados. El equipo común se creará con un objetivo determinado y por un período de tiempo limitado.

Un funcionario del Estado miembro en cuyo territorio el equipo intervenga dirigirá el equipo y las actividades en el territorio de este Estado miembro. También puede procederse a investigaciones discretas, por agentes que utilicen una identidad secreta o ficticia, a condición de que la legislación y los procedimientos del Estado miembro en el territorio del cual se desarrollen sean respetados.

Interceptación de telecomunicaciones:

Podrá ser efectuada, a petición de la autoridad competente de otro Estado miembro, por una autoridad judicial o administrativa designada por el Estado miembro en cuestión.

La telecomunicación podrá interceptarse y transmitirse directamente al Estado miembro demandante, o ser registrada y transmitida con posterioridad. Las solicitudes se examinarán de acuerdo con la legislación y los procedimientos nacionales de cada Estado miembro.

La interceptación podrá también hacerse en el territorio de un Estado miembro en que se encuentre la estación terrestre de comunicaciones por satélite si la asistencia técnica de este Estado no es necesaria por medio de los proveedores de servicios en el Estado demandante.

Cuando la interceptación continúe en el territorio de un Estado porque el objetivo se desplaza pero la asistencia técnica de este Estado no sea precisa, se informará al otro Estado miembro.

Protección de los datos de carácter personal: Un Estado miembro que obtenga datos de carácter personal en aplicación del Convenio, puede solamente utilizarlos: en el marco de procedimientos judiciales o administrativos cubiertos por el Convenio; para prevenir un peligro inmediato y serio para la seguridad pública; para todo otro fin, previo consentimiento del Estado miembro que transmitió los datos, o de la persona interesada. El Estado miembro que transmitió los datos de carácter personal puede pedir al Estado miembro solicitante tenerlo al corriente de la utilización de estos datos.

Posición específica de algunos Estados miembros: Disposiciones específicas se aplican a Irlanda y al Reino Unido (transmisión de solicitudes de ayuda), Luxemburgo (protección de datos de carácter personal) Noruega e Islandia (disposiciones vinculadas al acervo de Schengen y entrada en vigor del Convenio). Fecha de entrada en vigor para los Estados miembros: para los ocho primeros Estados miembros que notifiquen la aprobación del convenio: 90 días tras la recepción, por el Secretario General del Consejo, de la octava notificación, para cada Estado miembro que adopte el Convenio tras esa fecha: 90 días tras la notificación al Secretario General del Consejo de la aprobación del convenio.

No obstante, antes de que el Convenio entre en vigor para los ocho primeros Estados miembros, cada Estado miembro puede adoptar una declaración que estipule que el Convenio será aplicable en sus relaciones con los Estados miembros que hicieron la misma declaración.

Estas declaraciones entrarán en vigor 90 días tras la fecha de su depósito.

7.- Conclusiones

La visión de los derechos humanos impide justificar una guerra, por muy necesaria que se piense que sea.

Las guerras siempre las pierden los seres humanos, aun cuando la ganan los ejércitos y los Estados. Las víctimas de un conflicto armado suelen ser inocentes indefensos, quienes no son parte de las luchas. Las represalias siempre dejan un margen alto de error y sufrimiento en la población civil y los sobrevivientes. El progreso de la civilización estará garantizado por el avance del derecho, más que por la innovación de las armas, necesarias solo para la legítima defensa, según la Ley.

La humanidad ha sido víctima de una nueva agresión insólita e inédita. La solución justa contra el terrorismo ha sido propuesta desde hace décadas: la creación de un Tribunal Penal Internacional, el foro adecuado para procesar y castigar a los culpables.

La guerra se ha justificado por la ausencia de un control jurisdiccional permanente. Por eso es necesario exigir a la comunidad internacional, la pronta ratificación del Estatuto de Roma.

Igualmente, es necesario establecer mecanismos ciertos, precisos y verificables de control de armamentos químicos, biológicos y de cualquier otra naturaleza que puedan ser usados por elementos inescrupulosos del terrorismo internacional.

Todo acto terrorista es una gravísima violación de los derechos humanos. El terrorismo es una de las amenazas más severas contra la vida y la libertad humanas. Los terroristas desprecian los derechos de sus víctimas, aun cuando justifican que su actuación se hace en nombre de unos principios o creencias, en contra de cualquier manifestación de fe o valores diferentes.

Lo terrible del terrorismo es su irrespeto a lo distinto, lo cual debe ser combatido por medios violentos y sin compasión alguna. El terrorismo es segregativo, discriminatorio, intolerante y antidemocrático, sentencia a los demás a la destrucción sobre la base de prejuicios.

Toda guerra es indeseable y destructiva, pero el terrorismo es peor que una guerra. La diferencia es clara: mientras que aquella se somete a reglas cada vez más rigurosas, a controles internacionales más efectivos y está a la vista de todos, el terrorismo actúa en desmedro de cualquier principio y a la sombra de lo clandestino, donde el derecho internacional está ausente y es imposible la mesura, el escrutinio internacional y el autocontrol.

El terrorismo es ilegal, contrario a las normas de derecho interno de los países y violatorio de los tratados internacionales.

Muchas legislaciones lo contemplan como un delito de los más graves. Las guerras están sometidas a controles jurídicos para evitar mayores daños, pero el terrorismo se escapa de cualquier limitación, lo cual permite la desproporción letal de sus efectos.

Asimismo, se ha hace imposible la reparación de los daños o la indemnización a las víctimas. De otra parte, el terrorismo financia sus actos con fuentes ilegítimas, ilegales y delictivas, tales como las drogas ilícitas y el contrabando. Así las cosas, no solo es reprochable la organización terrorista por su naturaleza y fines sino que por sus actividades y fuentes de financiamiento se hace doblemente execrable.

Se pide, una vez más, que se hagan las reformas necesarias y que no se deje impune un delito tan grave, que ha puesto en peligro a la humanidad y afecta duramente la paz mundial. En ese esfuerzo es necesario el acuerdo de todos los Estados del mundo, sin excepciones.

Finalmente, es necesario controlar las armas de todo tipo, a los fines de prevenir males mayores.

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