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NARCOLAVAGEM: cartel de Cáli

lunes 20 de septiembre de 2004 EL TIEMPO el tiempo.com / justicia

Anoche 465 fiscales y 3.200 policías se preparaban para ocupar las 432 farmacias de Drogas La Rebaja en todo el país.Felipe Caicedo / EL TIEMPO

Comenzó ocupación de 432 farmacias de Drogas La Rebaja, la mayor extinción de dominio en la historia.

La decisión la tomó el fiscal Luis Camilo Osorio, tras 21 meses de un delicado proceso de investigación.

Con esa orden, 465 fiscales y 3.200 policías comenzarán la mayor ofensiva de ocupación de bienes, en la que los piquetes de uniformados se tomarán 432 establecimientos distribuidos en 96 municipios y 22 ciudades capitales.

Según sus cálculos, necesitarán dos días completos para cumplir con la totalidad de la misión.

La ocupación incluirá dos laboratorios para la producción de productos farmacéuticos y ocho empresas, según la investigación, conformadas por miembros del clan de los Rodríguez Orejuela.

A pesar de que en los cerca de 10 años de existencia de la figura de extinción de dominio, las autoridades han incautado unas 42.000 propiedades en el país, nunca antes se había llevado a cabo una operación de estas dimensiones.

No solo por los números ya expuestos, sino también por el monto que representan: los inmuebles y sus mercancías están avaluados en 550.000 millones de pesos.

Esta ofensiva jurídica se constituye en el tercer gran tropiezo de la conocida red de farmacias. El primero fue en los años 80, cuando, por pertenecer a la familia de los confesos narcotraficantes Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los puntos de venta se convirtieron en blanco favorito de la furia terrorista del cartel de Medellín -85 ataques, entre 1988 y mayo de 1990-.

El segundo, a mediados de los 90, cuando, después de que la propiedad de las farmacias pasó de los Rodríguez a manos de los trabajadores, los bancos no les dieron acceso al sistema financiero porque Drogas La Rebaja apareció en la llamada 'Lista Clinton'.

Y ahora, mientras a los trabajadores el Estado les ha prometido garantizarles sus derechos, a los dueños les tocará emprender toda una batalla jurídica con el Estado para evitar la expropiación definitiva.

Itinerario de un 'sí'

Desde hace cerca de dos meses los investigadores encargados del caso ya tenían claro que, de acuerdo con la ley, el próximo paso era la ocupación de todas las farmacias. Sin embargo, por el tamaño de la operación y por el impacto social sobre los trabajadores y sus familias era imprescindible tener en cuenta otros elementos además de los meramente jurídicos.

La reunión definitiva se dio hace 15 días. En el 'bunker' de la Fiscalía en Bogotá se reunieron el fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio; el ministro de Interior y de Justicia, Sabas Pretelt; el director de la Policía Judicial, coronel Oscar Naranjo y el director Nacional de Estupefacientes, coronel ( r) Alfonso Plazas.

Sobre la mesa estaban los resultados de la investigación. Osorio volvió a revisarla página por página. Y releyó los análisis de los investigadores según los cuales el argumento para ocupar las droguerías es que los Rodríguez Orejuela montaron una estratagema para 'lavar' el origen ilícito de las mismas y seguir usufructuándolas (ver '¿Por qué las ocuparon?').

Después se ocuparon del punto más complicado: el del futuro de los 4.100 trabajadores de los puntos de venta. El ministro Pretelt, según comenta un asistente, adujo que se tenían que respetar sus derechos.

Ya tenían previstas algunas fórmulas para salvar ese punto y finalmente se acordó que los trabajadores, bajo la tutela de la Dirección Nacional de Estupefacientes, pueden seguir administrando, como depositarios, las droguerías.

Además quedó expresamente consignado que los derechos patrimoniales (aportes y derechos a la libre asociación y a un trabajo digno) de los miembros de Coopservir -cooperativa que compró las tiendas de medicamentos a los Rodríguez Orejuela- serán garantizados.

Incluso los trabajadores se verían eventualmente beneficiados, pues, explica un investigador "se liberarían de una deuda social y patrimonial producto de la legalización de dineros provenientes del narcotráfico".

Una vez el fiscal Osorio le dio vuelta a la última hoja dijo convencido: "Sí. Arranquemos". De inmediato se definieron fechas y el coronel Naranjo explicó cómo se llevaría a cabo la gigantesca operación.

El Director de Estupefacientes, por su parte, dispuso de un grupo especial de funcionarios para acompañar las diligencias e ir tomando posesión de los bienes.

Ayer, los teléfonos de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, de la Dijín y de Estupefacientes, no pararon un segundo.

Redacción Justicia ¿Por qué las ocupan?

Durante los 21 meses que duró la investigación se montó una especie de centro de control en las instalaciones de la Central de Policía Judicial (Dijín), en Bogotá con fiscales, economistas, especialistas en delitos financieros y contadores del DAS.

De acuerdo con las pesquisas y los análisis, la cadena de farmacias se originó y creció a la sombra de las actividades de narcotráfico confesadas por los Rodríguez Orejuela, hoy detenidos y solicitados en extradición por Estados Unidos.

Hace unos ocho años, Gilberto Rodríguez dijo a los fiscales que sus comienzos en Drogas La Rebaja se dieron en la década de los 60.

"Paralelo a los grandes negocios de drogas con los numerosos envíos que hacían de estupefacientes al exterior sus empresas crecían y se volvían más prósperas. Los establecimientos comerciales también crecieron y se fueron instalando en todo el país", explicó un investigador.

Los investigadores tienen indicios de que los Rodríguez habrían buscado 'lavar' el origen ilícito de su patrimonio y para ello crearon en 1995 la cooperativa Coopservir, compuesta inicialmente por 60 trabajadores de Drogas La Rebaja.

Un año más tarde la cadena de droguerías entró en liquidación y los empleados afiliados en esa cooperativa las compraron.

De esta manera, dicen las autoridades, "Coopservir se habría utilizado para ocultar o mezclar los bienes de origen ilícito con los derechos de los trabajadores que hacen parte de dicha cooperativa".

Esto significa que los Rodríguez -en criterio de los investigadores- se seguirían beneficiando de la venta de sus bienes adquiridos con dineros ilícitos al recibir recursos por diferentes conceptos, entre ellos, las altas tasas de interés que les debe pagar la cooperativa.

Según las investigaciones, "los derechos de los asociados de las cooperativas afectadas (incluyendo las que son dueñas de los laboratorios) corresponden tan solo al 4 por ciento del total del patrimonio de las mismas, que en su mayor parte corresponde a bienes de ilícita procedencia, comprados al grupo familiar Rodríguez Orejuela".

'No pueden cerrar las farmacias'

Precisamente ayer el Gobierno de Estados Unidos incluyó en la 'Lista Clinton' -empresas señaladas de servir de fachada a los 'narcos'- a Copservir, la cooperativa que le compró Drogas La Rebaja a la familia Rodríguez Orejuela. Su gerente general y representante legal, Ricardo Calderón, habló con EL TIEMPO.

¿Qué representa para Copservir aparecer en la lista? Un nuevo atropello a 4.100 colombianos que dignamente trabajamos en una cooperativa que nada tiene que ver con el narcotráfico ni con empresas de fachada ni con testaferrato.

¿De qué manera los ha afectado esta situación?

Afectarnos más es imposible, pues la cooperativa está en la lista desde 1997. Han pasado nueve años y cada determinado tiempo van metiendo más personas: ejecutivos, directivos, miembros del consejo de administración, delegados, cajeras, empleados, mensajeros, bodegueros, van a terminar metiendo a los 4.100.

Las autoridades dicen que las droguerías valen 300.000 millones de pesos y ustedes se las compraron a los Rodríguez por mucho menos. Eso despierta sospechas... Compramos 320 farmacias por 35.000 millones. No nos las regalaron y hemos estado pagando mes a mes. No compramos ninguna empresa. Compramos las estanterías, los muebles, los medicamentos y lo negociamos a 20 años. De ahí para acá hemos venido creciendo con recursos propios. La nómina nuestra vale 2.500 millones de pesos y aportamos para capital de trabajo el 10 por ciento del salario, es decir 250 millones de pesos mensuales. Somos la tercera cooperativa del país y la primera que más empleos genera.

¿Quiénes son los socios?

Hay de todo. Hay empleados que estaban cuando se compraron y hay socios de hace un mes, 20 días, un año...

¿Por qué cree que los Rodríguez se las vendieron?

Había un pasivo laboral muy alto con los empleados que era imposible de pagar y la necesidad de mantener nuestro trabajo. Tenemos los documentos de consulta que hicimos en ese momento a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Presidencia, a los ministerios de Trabajo y de Gobierno, a la Supersociedades, a la misma embajada estadounidense y nadie nos dijo nada. Entonces, entendimos que podíamos hacer la operación.

¿No pensaron que eso podría ser visto como una jugada de los Rodríguez para 'limpiar' el origen ilícito de las droguerías?

Nos interesaba la posibilidad de mantener nuestro trabajo y no les recibimos ningún centavo.

¿Qué opina de que les ocupen los locales?

Los locales no son nuestros. Somos dueños de lo que hay adentro, de los medicamentos. Se van a meter con otros 442 colombianos dueños de locales que nos arrendaron a nosotros.

¿Quiénes son los dueños de los locales?

Particulares a los que les pagamos un arriendo. Puede haber dueños de dos o tres locales, pero la mayoría son de diferentes dueños.

¿Qué cree que pueda pasar con los allanamientos? No creemos que pase nada porque no pueden cerrar las farmacias, operamos de manera legal, pagamos impuestos, les aportamos información a la Dian y a las entidades que lo requieran.

¿Si ocupan los locales pero los dejan operar las farmacias, qué pensarían ustedes?

Pienso que es lo que se tiene que hacer, lo que tiene que pasar en un país como este donde el desempleo galopa y la gente aguanta hambre, una cooperativa como la nuestra que genera empleo digno, honrado, lo que el Estado tiene que hacer es proteger nuestros derechos como trabajadores.

EL TIEMPO.--Colombia.

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